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Giro a la izquierda de la náutica balear

Freno a las ampliaciones, mayor control sobre el fondeo y revisión de tasas son algunos de los puntos coincidentes en los programas de las tres formaciones que negocian un pacto de gobierno

 

Los resultados electorales del 24 de mayo dibujan un nuevo escenario para el sector náutico en las Islas Baleares marcado con toda probabilidad por las políticas sostenibles de Podemos y las localistas de Més per Mallorca, con las que prevén poner freno a las ampliaciones de las instalaciones portuarias, ejercer una mayor vigilancia sobre los espacios de fondeo, así como incrementar las medidas de control y transparencia en la gestión de los puertos autonómicos, donde se primará a los usuarios de pequeñas embarcaciones, embarcaciones tradicionales, profesionales de la pesca y empresas náuticas por encima de los usos turísticos.

El PSIB-PSOE aportaría al nuevo mapa su política de revisión y ordenación de tasas y precios públicos en las instalaciones portuarias. En cualquier caso, el punto de inflexión más importante se producirá en el terreno legislativo, con el desarrollo reglamentario de la Ley de Puertos de Baleares, la revisión de la normativa vinculada a las actividades náuticas y la ordenación, planificación y regulación portuarias.

En un análisis independiente para Gaceta Náutica, el diputado socialista Damià Borrás considera que el desarrollo reglamentario de la Ley de Puertos de las Islas es uno de los principales retos del nuevo Govern.

«La modificación de la normativa aprobada por el Ejecutivo de Bauzá, entre otras cuestiones, no especifica cómo se aprobará el Plan General de los Puertos, otorga mucho margen de maniobra a la iniciativa privada en perjuicio de los pequeños usuarios y también invade competencias de las administraciones insulares y locales dejándolas fuera en la toma de decisiones que les afectan directamente», explica Borrás.

En este punto el diputado señala que, sin descartar una modificación de la Ley, el trabajo conjunto con los Consells será determinante para solventar estas situaciones y consensuar líneas de actuación que permitan desarrollar planes estratégicos para cada una de las Islas destinados a incrementar la competitividad de la industria náutica, «a partir de la racionalización y ordenación de su actividad, su regulación, la profesionalización de las estructuras empresariales, la implantación de las tecnologías de la información y el conocimiento en la gestión de los recursos y su comercialización», detalla el diputado de la formación PSIB-PSOE.

Ports IB se someterá a un proceso de revisión y cambio con el objetivo de incrementar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los puertos de la comunidad autónoma, tanto de gestión directa como indirecta, que «tienen que ser sostenibles, pero no organismos recaudadores de la comunidad ni un negocio en sí mismo, sino que tienen que actuar como dinamizadores de las empresas y comercios vinculados a la gente de la zona y prestar servicio», afirma el diputado.

Los tres partidos apuestan por unificar criterios de gestión de las instalaciones portuarias dependientes de la Comunidad –Més va más allá y también incluye a los puertos del Estado- y dar cabida en sus órganos de gobierno a las organizaciones que representan a los usuarios. Podemos abogaba por devolver a la gestión pública espacios que han sido privatizados. Borrás opina que «revertir jurídicamente una privatización si la concesionaria cumple con los requisitos es muy complicado», aunque sí descarta que vayan a producirse nuevas privatizaciones de puertos de la comunidad como pasó con Calanova en la pasada legislatura.

En materia de infraestructuras no se prevén proyectos de gran envergadura. Podemos se mostraba tajante en su programa sobre la ampliación de puertos autonómicos con el objetivo de impedir sobredimensionarlos y evitar la presión que ejercen sobre el medio natural. Este argumento unido a la propuesta de moratoria a los proyectos de ampliación de puertos promovida por Més hasta que no se apruebe el Plan General de Puertos con el máximo consenso social -en un plazo no superior a un año- frenan las intervenciones que no se han adjudicado. Damià Borrás apuesta en este sentido por favorecer la reordenación de los puertos a fin de aumentar su capacidad y por el desarrollo de aplicaciones que permitan optimizar el rendimiento de los amarres existentes.

REVISIÓN DE TASAS.

Socialistas y econacionalistas coinciden en su programa electoral sobre la importancia de promover políticas de apoyo a la náutica e impulsar una política de revisión y ordenación de tasas portuarias con el objetivo de proteger a las pequeñas embarcaciones y barcos tradicionales. Borrás aboga también por una racionalización de la fiscalidad náutica, «muy dura y compleja, y que exige buscar un equilibrio entre las administraciones implicadas para conseguir un sistema de financiación y gestión compatible con el desarrollo económico y turístico y coherente con los sistemas impositivos de los países competidores del Mediterráneo».

Las políticas formativas vinculadas a los sectores empresariales relacionados con la actividad náutica tomarán cuerpo con el objetivo de consolidar más oportunidades para crear puestos de trabajo a través de la mejora de la competitividad en sectores estratégicos y de la mejora de la calidad de la oferta de los servicios náuticos.

fuente diarioderegatas

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