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El Principado, condenado por el mal estado de la rampa de acceso a El Puntal

La Consejería de Fomento del Principado de Asturias ha sido condenada por la magistrada Pilar Martínez, del Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en un fallo dictado el pasado día 12 de junio, a abonar 1.750 euros a un lanchero, cuyo vehículo se precipitó al agua por el mal estado de la rampa de acceso a El Puntal. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del sábado 20 de abril de 2013, cuando el lanchero A. C. M. participaba en el Campeonato de Asturias de Pesca Submarina individual, que se celebraba en aguas del puerto de El Puntal. Cuando el afectado ya había retirado del agua y colocado su lancha sobre un remolque enganchado a su vehículo, ambos, vehículo y remolque, comenzaron a deslizarse rampa abajo, debido a la existencia de «abundante verdín en la zona, lo que convertía la rampa en una superficie absolutamente resbaladiza sin ningún tipo de agarre, cayendo al agua el vehículo hasta quedar totalmente sumergido», según consta en el texto de la sentencia.

Con el freno de mano puesto

En el fallo judicial queda claro, además, que el siniestro se produjo, a juicio de la magistrada, porque, «sin duda alguna, la rampa existente en el puerto de El Puntal no se encontraba en condiciones para permitir su uso por un vehículo de motor». La magistrada destaca también que, pese a que la rampa no estaba concebida para la circulación de vehículos a motor, tampoco se puso a disposición de los participantes en el campeonato deportivo ningún sistema mecánico de izada.

Según declararon en su día varios, el conductor se encontraba fuera del vehículo en ese momento, con el motor en marcha y el freno de mano puesto, por lo que no hubo que registrar heridos en el suceso. Gracias a la ayuda de varios participantes en el campeonato, el vehículo fue rescatado sin necesidad de otra ayuda.

La indemnización corresponde al valor del vehículo, tras la peritación realizada, junto a los intereses legales de la reclamación. En un principio, el afectado, que fue asesorado legalmente en este caso por el despacho asturiano de abogados de Francisco Secades y José Luis Rodríguez Tejón, presentó en abril de 2014 una solicitud de indemnización ante la consejería de Fomento, de la que tan sólo recibió el silencio administrativo.

La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno

fuente elcomercio

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