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La lucha por un patrimonio subacuático común hispánico: continúa el combate legal por el galeón San José en Panamá

La idea de un patrimonio subacuático común hispánico es una propuesta que tuve el honor de defender en el congreso IKUWA de 2014 pero a la que sólo han dado sentido práctico personalidades americanas, algunas de las cuales, debido al peligro personal que les supondría, no pueden compartir públicamente su nombre.

 

La resistencia panameña a los cazatesoros, conformada especialmente por sociedad civil y un grupo de funcionarios y políticos honestos de ese país, ha conseguido detener, por el momento, la actividad cazatesoros de la empresa IMDI sobre el galeón San José y desde el derecho panameño.

Sin embargo, en este mismo momento, en el Club de Yates de Balboa en Amador, Panamá, permanece anclado el Blue Water Rose, el buque que Blue Water Ventures International, proporciona a la empresa cazatesoros IMDI (Investigaciones Marinas del Itsmo, S.A.) a cambio, entre otras  cosas, de una participación en el botín  extraído. Esta es una clave fundamental para entender el asunto.

La implicación del cártel cazatesoros de Florida en derredor del galeón San José en Panamá es total, no sólo financiera y tecnológica sino que,  de hecho, es posible encontrarnos con nombres frecuentes en la industria cazatesoros de Florida: James Sinclair, el historiador que ha refrendado más expolios subacuáticos de la industria; Dan Porter, el capitán originario del Blue Water Rose; Carol Tedesco, quien evaluó las monedas extraídas del San José y demás objetos para el reparto que se hizo a mediados del 2014;  Cliff Sirman, quien diseñó un supuesto programa de ordenador para el reparto de los “tesoros” y que casualmente marginaba al Estado panameño en el reparto dejando a IMDI las piezas de valor;  Greg Bounds, otro reconocido cazatesoros de la Florida…

Las raíces ideológicas de la industria cazatesoros de Florida

Puede parecer accidental que en las inmediaciones del Canal de Panamá la industria cazatesoros de Florida se dedique a expoliar un buque de Estado Español. Pero no es así.

En los últimos 20 años los cazatesoros de Florida han demostrado que hay un principio legal internacional -y de su propio país- que no reconocen: la inmunidad soberana de los buques de guerra. En ese sentido la elección de Panamá, el país del canal que une dos océanos, para hacer un ejercicio de demostración de que la legalidad internacional que otorga inmunidad soberana a los buques de Estado hundidos ya no es efectiva, no es accidental. De momento el cártel cazatesoros han conseguido que las autoridades de Florida les permitan vulnerar el principio a sus anchas en un claro desafío al Departamento de Estado y a la US Navy. De conseguir lo mismo en Panamá, el mensaje de unos ciudadanos norteamericanos sería de afirmación de la impunidad en el acceso a los buques de Estado hundidos en todo el mundo.

El Canal de Panamá. Por é´l transitan más de 340 millones de toneladas al año.

No es la primera vez que los cazatesoros se fijan, además del expolio, objetivos políticos o los utilizan como método para presionar a los Gobiernos. En el casoOdyssey Marine pudimos ver cómo llegaron a colaborar con algunos de los grupos nacionalistas radicales de Gibraltar que en contra del derecho del Reino Unido –como pude demostrar desde este medio- pretendían convertir endisputadas las aguas de soberanía española en el mar de Alborán. Los cazatesoros se prestaron para sostener estos argumentos y no dudaron en crear una situación de desestabilización política en la zona del Estecho.

Sin embargo, España vuelve a reincidir en lo que mas daño le hace: sus leyes sueñan con ovejas de tinta (la ley de Navegación Marítima que otorga la competencia a la Armada no se cumple y se prescinde completamente de ella), falta de coordinación entre administraciones y oscurantismo y falta de transparencia. Desgraciadamente y sin desmerecer los esfuerzos que se están haciendo -incluida la búsqueda de los medios allá donde puedan estar, como el Instituto Español de Oceanografía-  y la voluntad de renovación en algunos ámbitos, los grandes problemas del viejo modelo siguen demostrándose como tónica.

Mar de Alborán

Desde España me temo que hemos perdido más de un año por no emprender una acción de gobierno, más allá de una carta desde una Secretaría de Estado que, me temo, se quedó en un deseo de suerte a los panameños que defienden el patrimonio. De hecho, para evitar una acción directa se concibió enviar a laUNESCO con observadores españoles, provocando una crisis más en el sentido, alcance y posibilidades de la Convención UNESCO 2001. La debilidad de la iniciativa fue detectada por los propios cazatesoros que aprovecharon la ocasión para traerse refuerzos desde Florida.

Y es que estamos dando la equivocada impresión de estar más preocupados por evitar que la Ley de Navegación Marítima, la Armada, el Museo Nacional o la sociedad civil puedan participar en la defensa del patrimonio cultural sumergido que en la propia integridad de ese patrimonio o en obtener los mayores resultados científicos.

El último equívoco que hemos podido denunciar -y evitar a tiempo- ha sido el intento de sustituir al referido Museo Nacional de Arqueología Subacuática y especialmente a la Armada, que detenta las competencias y que sí podrían efectuar una acción de Estado, en la ayuda al Gobierno panameño en este caso, pues estaba previsto enviar en su lugar a representantes del Centro autonómico andaluz de Arqueologia Subacuática (C.A.S.), con lo que eso representa de comprometer nuestra propia legalidad y desactivar un efectivo compromiso como Estado.  ¿Es que se intenta comprometer el principio de inmunidad soberana de nuestros buques históricos de guerra para evitar que pueda colaborar la Armada en la defensa de este patrimonio común?

 25 de julio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Con el debido respeto debemos recordar a algunos  responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores -otros, afortunadamente, lo tienen perfectamente claro- ya que son los que tienen estas ocurrencias (en colaboración con otras administraciones) que existe una legalidad a la que hay que atenerse, que la discrecionalidad opaca y nociva (y así llevamos demasiados años) ni beneficia a los resultados prácticos, ni desde luego sirve al principio de legalidad.

En las recientes Jornadas de Patrimonio Cultural Subacuático (28-30 de septiembre) en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera pude dedicar una contribución a este grupo de personas que defienden el patrimonio histórico común hispánico desde Panamá y desde México, recordando la importancia de este patrimonio cultural como punto de reencuentro fundamental para las sociedades hispánicas tanto en el Atlántico como en el área Asia-Pacífico.

fuente abc

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