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Año nuevo, formas de pescar nuevas

El sector pesquero arranca el año con incertidumbre. La primera, quién regirá sus designios y, sobre todo, qué peso dará el nuevo Gobierno a la actividad extractiva y el lugar que ocupa en las prioridades. Esa incógnita se suma a la inquietud de buena parte de la flota -de muy distintos segmentos y modalidades- que se incorporará a la que es la medida estrella de la nueva política común de pesca: la prohibición de los descartes. Aunque el calendario de aplicación arrancó el año pasado, se empezó por una modalidad fácil: el cerco y sus especies pelágicas, que se pueden liberar con alto grado de supervivencia si se rodean ejemplares pequeños o de escaso interés. Ahora llega la verdadera prueba de fuego.

Merluza y cigala

Cambiar una práctica por la contraria. Centenares de barcos de arrastre, enmalle, volanta, palangre, de artes menores, de altura, de litoral, de bajura… tendrán que cambiar sus hábitos de pesca para incorporar la práctica contraria. Si hasta ahora se veían obligados a tirar por la borda aquellos ejemplares de merluza para los que no disponían de cuota, ahora los tendrán que desembarcar obligatoriamente y descontar del cupo de otras especies. En Gran Sol, la medida afecta a aquellos barcos cuyas capturas de merluza superen el 30 %. En el caso de las aguas ibéricas, se someterán a la obligación de desembarque los que capturen más de un 10 % de merluza o pesquen más de diez toneladas. La incógnita sigue siendo qué aplicación se dará a las especies que antes se descartaban y cómo se rentabilizarán.

El futuro del arrastre

La amenaza del veto. La defensa de todas las artes pesqueras es una de las peticiones que Javier Garat, desde la patronal Cepesca, demanda a quien tome las riendas del sector pesquero. Y si todas necesitan respaldo, en el caso del arrastre se hace este año perentorio. Debe afrontar dos pruebas de fuego. Una se libra en la UE, donde Comisión, Consejo y Parlamento tienen que aprobar el reglamento de aguas profundas, que incluye una propuesta de prohibición del arrastre y el enmalle en fondos superiores a 800 metros. Además, en agosto la ONU repasará todo lo que se ha hecho en materia de protección de hábitats vulnerables y examinará si se necesitan más medidas. La flota confía en que sean suficientes todas las campañas realizadas por España que han derivado en el cierre de miles de kilómetros cuadrados a la actividad extractiva.

Convenio con Portugal

Descanso semanal. Además de todos los escollos que se le presentan al arrastre, el del litoral del Cantábrio aún tiene otra preocupación añadida: qué ocurrirá con el acuerdo de pesca España- Portugal. Los armadores han pedido por activa y por pasiva que se igualen las condiciones a las flotas que pescan en el caladero y, en el caso de los arrastreros de bandera portuguesa, que se los obligue a respetar el descanso semanal que tienen que observar los españoles. El convenio tiene que renovarse en marzo y la flota gallega se opone a que se reedite en las mismas condiciones que las actuales.

Aletas adheridas

Deseada flexibilización. El palangre de superficie también está expectante. Toca revisión de lo que ha supuesto la imposición de la política de aletas adheridas por parte de la Unión Europea a la flota comunitaria para evitar el finning, una práctica que, insiste el sector gallego, no realizan ni españoles ni portugueses, porque venden tanto la aleta como el cuerpo del tiburón. La Comisión Europea publicará a principios de este año su informe sobre qué ha pasado y la Eurocámara tendrá que analizar la cuestión. La flota confía en que una vez analizado el impacto socioeconómico que la prohibición de cortar a bordo la aleta de tiburón ha tenido sobre la flota española y portuguesa decida flexibilizar esa política, sobre todo porque Bruselas no ha sido capaz de imponerla en ninguna de las organizaciones regionales de pesca a las que se ha planteado.

Polémico reparto

Revisión global. Dos años después de haber entrado en vigor el reparto de cuotas en segmentos de flota como el cerco y la volanta, y tras dos acampadas de protesta por parte de esas modalidades de pesca, este mes se realizará una revisión de cómo ha estado funcionado esta distribución basada en criterios históricos impuesta por el Ministerio de Agricultura con el visto bueno del sector. Para la mayoría del cerco gallego no hay duda de que es negativo; no en vano llevan más de dos meses instalados frente al edificio de la Xunta en Santiago.

Escasez de cuotas

Las estrecheces de la bajura. Por más que en Gran Sol se hayan salvado los muebles con el reparto para el 2016, el año que entra se prevé de estrecheces para la flota de litoral y de bajura. El recorte de un 21,5 % de la cuota de merluza y las bajadas de cupo en gallo, rape y xarda hacen presagiar dificultades para llegar a final de año con cuota. Es más, el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ya avanzó la necesidad de realizar paradas temporales. La subida del jurel proporcionará cierto alivio al cerco, aunque las desigualdades por la clave de reparto interna no librará de las estrecheces a todos, a no ser que se cambie el sistema.

Sardina

Cuota por pactar. España y Portugal tendrán que cerrar la cantidad de sardina que podrán pescar este año, que se moverá en el entorno de las 14.000 toneladas. Ambos países tratarán de evitar la imposición de un TAC (total admisible de capturas) que Bruselas quiere introducir ante la situación del stock. Tan mal está el recurso que los científicos recomendaron no capturar este año más de 1.500 toneladas, con el colapso económico que eso supondría para la flota del cerco.

Inspección y control

Vigilancia en otros puntos de la cadena. «Estamos máis vixiados que os narcotraficantes». Fue un lamento común a lo largo del último ejercicio. La flota gallega cree que los barcos ya están bastante controlados y que ha llegado la hora de afanarse en otro punto de la cadena, sobre todo en el control de la trazabilidad y el etiquetado.

Lei de Acuicultura

Oleada de alegaciones. Galicia puede ser la primera comunidad en disponer de una legislación específica para la acuicultura. Pero antes tendrá que resolver la avalancha de alegaciones que han llegado de asociaciones de mejilloneros, cofradías y otros colectivos del sector marítimo. El anteproyecto ha despertado muchos recelos sobre una posible privatización de las autorizaciones administrativas.

El rival petróleo

Difícil cohabitación. Tanto en el área de Gran Sol como en el Atlántico norte, la flota se ve obligada a cohabitar con las grandes empresas que buscan hidrocarburos en los caladeros en los que faenan.

La resurrección del from

Promoción del pescado. Una de las demandas del sector es la de que el Gobierno resucite el FROM, el Fondo de Regulación de Mercados que tenía encomendada la promoción del consumo del pescado. Una reaparición dotada, eso sí, de fondos suficientes para esa tarea, imprescindible si se observan las cifras de consumo de productos marinos desde el inicio de la crisis. De los 30 kilos que se consumían en el 2009 por persona y año se ha pasado a 26 en el 2015.

Oceana ve prioritario mares más limpios y una pesca sostenible

La organización ecologista Oceana ha identificado diez problemas en los océanos cuya resolución debería ser prioritaria este 2016. La agrupación señala la necesidad de proteger y gestionar hábitats y especies vulnerables, no capturar más de lo que el mar puede reponer pescar de forma sostenible-, mejorar la selectividad de las artes y terminar con la pesca ilegal, así como exigir responsabilidades legales a quienes se benefician de esas prácticas ilícitas.

La defensa de las profundidades, la actuación contra el cambio climático y luchar por un mar limpio son otras de las acciones que Oceana coloca entre las diez prioridades de actuación. La búsqueda de energías limpias y una mayor inversión en investigación marina son también deseos de los ecologistas para este curso.

fuente lavozdegalicia

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