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Tailandia intenta redimirse de su pesca ilegal para seguir exportando a la UE

Tailandia ha hecho progresos en la lucha contra la pesca ilegal y quiere que lo sepa todo el mundo. Así es que, aparte de difundir informes sobre todos los avances en legislación y control pesquero en distintas instancias administrativas, Bangkok ha movilizado a sus embajadas para que hagan llegar a los medios de comunicación, desde los de ámbito general hasta los de carácter más local e, incluso, especializados, una relación de actuaciones para frenar una lacra por la que la Unión Europea le ha sacado tarjeta amarilla. Con esa amonestación, la Comisión Europea dio un ultimátum a Tailandia: o se ponía firme contra la pesca ilegal o le exhibiría una tarjeta roja con la que los 28 dejarían de comprarle no solo sus principales especialidades, atún y gambas, sino también cualquier otro producto salido de su mar.

Esto es, que si en los seis meses que Europa le ha dado de plazo el asunto pasa del amarillo al colorado, Tailandia perdería unos clientes a los que ahora factura en torno a 736 millones de euros, dado que las exportaciones pesqueras del país asiático a la UE representan el 10 % de las ventas al exterior totales, que se mueven sobre los 7.000 millones.

Imagen dañada

Puede que la cantidad no sea exagerada, pero a la pérdida de mercado habría que sumar el daño que ese cierre de puertas comunitario supondría para la imagen del que es el tercer exportador mundial de productos pesqueros. Máxime cuando Estados Unidos también ha incluido al país en una lista negra por no hacer lo suficiente para abordar lo que define como «persistentes» abusos laborales en el sector pesquero.

Esa amenaza surtió efecto en el sentido de que el Gobierno tailandés se puso de inmediato manos a la obra para cumplir los deberes impuestos por la Comisión Europea: implementar un sistema de control de sus embarcaciones y mejorar la vigilancia de sus aguas y las adyacentes, introducir en la legislación nacional medidas dirigidas a frenar la pesca ilegal y endurecer los castigos contra quienes ejerciesen la actividad pesquera de forma ilícita.

¿Y qué ha hecho? Lo primero ha sido crear el Centro de Mando de Lucha contra la Pesca Ilegal (CCCIF), dependiente de la Armada Real Tailandesa, y establecer 28 puntos de control en otros tantos puertos de 22 provincias costeras (denominados PiPo), para mejorar la inspección de los barcos de más de 30 toneladas. Y se han formado siete grupos de trabajo para aplicar las recomendaciones de la UE.

En lo que respecta a la legislación, han aprobado una ley de pesca con 176 artículos que entró en vigor en noviembre pasado y se han reformado de forma urgente otras 52 disposiciones para endurecer la lucha contra la pesca ilegal.

Explotación laboral e infantil

Aparte de incrementar la cooperación nacional e internacional, también han reforzado las inspecciones en los barcos y en fábricas de procesado de pescado, se han instalado sistemas de seguimiento por satélite a los buques de más de 60 toneladas, se han prohibido temporalmente los transbordos en alta mar, se ha regularizado a los inmigrantes ilegales y se han dictado normas que prohíben trabajar en el sector a menores de 18 años.

Y es que los abusos laborales y la explotación infantil figuran entre los principales reproches que hacen tanto organizaciones del sector como organismos humanitarios. En esto también se ha esforzado Tailandia y en los últimos días más de 100 personas fueron detenidas por explotación y se rescató a 130.

¿Es suficiente? Se verá. Hay objetivos que sí ha cumplido o casi y hay otros en los que aún cojea. Ahora, a Tailandia solo le queda esperar el resultado del examen que los funcionarios de la UE realizaron en enero y cruzar los dedos para que pase desapercibida la huida delTaishan, un buque pirata supuestamente vinculado a armadores gallegos, que abandonó las aguas sin que los funcionarios se enterasen o se quisiesen enterar.

fuente lavozdegalicia

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