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La mayoría de los emisarios submarinos de Baleares no está en regla

Cada año se lanzan al mar 90 millones de metros cúbicos de aguas residuales

Desde su llegada al Consolat a mediados de 2015, el Pacte no se ha cansado de exhibir y reiterar su compromiso con la protección de la posidonia. Hasta ha elaborado un decreto para blindar las praderas de esta fanerógama marina protegida, que está previsto que entre en vigor en breve y que hará que Balearessea pionera en todo el país en esta materia. No obstante, no es oro todo lo que reluce. A pesar de los intentos por demonizar el sector náutico y tratar de responsabilizar a los fondeos de su deterioro, diversos estudios llevan años poniendo de relieve que el mayor enemigo de la posidonia son los vertidos de aguas residuales. Y ahí el Govern no está poniendo el mismo empeño para atajar el problema.

Los datos hablan por sí mismos. Solo 18 de los 46 emisarios submarinos -conducciones de vertidos- de Baleares están actualmente en regla. Así lo aseguraron ayer fuentes de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad a preguntas de este diario. O lo que es lo mismo, más del 60% de los emisarios submarinos del archipiélago no están autorizados a realizar vertidos, pese a que muchos de ellos lo siguen haciendo. Las mismas fuentes precisan que de los 18 que cuentan con la preceptiva autorización administrativa, a siete de ellos les ha sido concedida durante esta legislatura. El resto se encuentra tramitándose en el Ministerio de Fomento.

Si bien las cifras son alarmantes, todavía podrían ser peores. Sobre todo si nos atenemos a la respuesta oficial que la propia Conselleria de Territorio dio hace apenas dos semanas a una petición de información de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN). Según esta misiva, que lleva la rúbrica de una técnica superior de este departamento y de la jefa del servicio de Costas y Litoral, solo siete de los 123 emisarios submarinos de Baleares están en regla, apenas un 6%. Sin embargo, todo apunta a que las cifras que más se ajustan a la realidad son las facilitadas ayer por Territorio.

Solo han transcurrido dos semanas desde la petición de los navegantes a Territoriohasta ayer, pero la diferencia en los datos tiene una fácil explicación. La organización presidida por Gabriel Dols utilizó para solicitar la información un listado de 123 emisarios extraído del Plan Especial de Contingencia por Contaminación Accidental de Aguas Marinas de Baleares (CAMBAL). Y según el departamento que dirige Marc Pons, esos datos están obsoletos. «Muchos de esos emisarios ya ni existen», se limitaron a responder ayer al respecto para hacer hincapié en que actualmente son 46 los emisarios activos en el archipiélago.

La ADN comenzó sus pesquisas preguntando en Medio Ambiente aunque finalmente fue derivada a Territorio, departamento encargado del tema de los emisarios. Tres meses después de su consulta inicial, el 28 de junio pasado, recibió la contestación. Una respuesta mucho más alarmante que los datos que ofreció ayer la conselleria y que reflejaba que el 94% de los emisarios isleños no tenían autorización.

La cuestión no es baladí. Baleares es una de las regiones turísticas con más peso del Mediterráneo y sus costas se contaminan cada año con más de 90 millones de metros cúbicos de aguas residuales vertidas al mar a través de los torrentes y los emisarios submarinos, tal y como ha venido demostrando la publicación Gaceta Náutica con datos oficiales en los últimos meses. Todos ellos conectados a las depuradoras públicas de la red de saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), creada en 2005 y bajo responsabilidad directa del Govern. Algo que sus más de 15 millones de turistas anuales desconocen.

Y lo que es peor, si nos ceñimos a la respuesta que Territorio ha remitido sobre esta cuestión a la Asociación de Navegantes, ninguno de los emisarios de Palma, Calvià o Alcúdia tienen autorización. Es decir, estas infraestructuras no están en regla en las principales zonas turísticas de Mallorca. Algo que el sector no entiende, puesto que se encuentran en uso y en una situación de ilegalidad. Además, se preguntan para qué sirve entonces el canon de depuración de aguas que se paga y recauda para fines como éstos.

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