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El Govern quitó la obligación de legalizar los emisarios del borrador de la posidonia

Si bien diversos estudios llevan años poniendo de relieve que uno de los mayores enemigos de la posidonia son los vertidos y que las costas de Baleares cada año son contaminadas con más de 90 millones de metros cúbicos de estos derrames de aguas residuales, la mayoría de los emisarios submarinos -conducciones de vertidos- del archipiélago carece de autorización, tal y como publicó este diario hace dos días. En concreto, más del 60% no está en regla, 18 de los 46 que hay en total en el archipiélago. Y lo que es peor, no parece que la situación vaya a mejorar. Al menos a corto plazo.

Una de las razones reside en la decisión del Govern el año pasado de eliminar del borrador del decreto que preparaba para proteger la posidonia un punto clave en relación a estos emisarios. El texto preliminar, presentado en mayo de 2017, otorgaba un plazo de cinco años a los emisarios submarinos que vierten aguas fecales al mar para que plantearan «un proyecto de adecuación de la actividad» que fuera «compatible con la conservación favorable de la posidonia». Es decir, para que dejaran de contaminar en los niveles actuales sobre las praderas de esta fanerógama marina protegida. Asimismo, debían ajustarse a esta prescripción «todas las instalaciones existentes y autorizadas» que pudieran suponer un riesgo para la posidonia».

Sin embargo, apenas cinco meses después de la presentación del documento, el contenido de esta disposición transitoria primera del borrador del decreto sufrió un cambio radical. Si en mayo la Conselleria de Medio Ambiente asumía que los emisarios eran una amenaza para la posidonia y que tenían que ajustarse a esta norma «todas las instalaciones existentes y autorizadas» que pudieran «suponer un riesgo para el estado de conservación» de esta especie, en octubre esta disposición cambió por completo.

Controles de seguimiento

Hasta el punto de que cuando salió el documento a información pública, la disposición transitoria primera seguía existiendo, aunque su contenido era radicalmente diferente al de la primera versión. Dejaba de exigir a los emisarios cinco años para dejar de contaminar sobre posidonia y en su lugar introducía dos puntos en los que únicamente se limitaba a pedir «controles de seguimiento». En el punto uno establecía vagamente que «para las autorizaciones de vertidos por medio de los emisarios, la administración ambiental debe pronunciarse específicamente sobre la afección a la posidonia». Y en el segundo, pedía a los «titulares de las autorizaciones de vertidos» remitir anualmente los resultados de los controles de seguimiento. Ni rastro de exigencia alguna de mejorar la depuración de las aguas que terminan en el mar balear.

La indignación en el sector náutico, una vez conocida la forma de proceder de Medio Ambiente en torno a este decreto, es mayúscula. Acusan al departamento dirigido por Vicenç Vidal de no haber contado con ellos en la elaboración final del texto y no entienden cómo a ellos se les mira con lupa constantemente cuando se pasan por alto otro tipo de cosas como la situación de los emisarios. «Nos prometieron mucho diálogo y consenso pero cuando nos llamaron para hablar, ya estaba redactado», se queja el presidente de la Asociación de Navegantes, Gabriel Dols.

La cuestión no es baladí. Baleares es una de las regiones turísticas con más peso del Mediterráneo y sus costas se contaminan cada año con más de 90 millones de metros cúbicos de aguas residuales vertidas al mar a través de los torrentes y los emisarios submarinos, tal y como ha venido demostrando la publicación Gaceta Náutica con datos oficiales en los últimos meses. Todos ellos conectados a las depuradoras públicas de la red de saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), creada en 2005 y bajo responsabilidad directa del Govern. Algo que sus más de 15 millones de turistas anuales desconocen.

Además, los partidos que dan soporte al Govern balear rechazaron el pasado mes de mayo en el Parlament regular las aguas residuales que llegan al mar a través de los emisarios e invertir la mayoría de los fondos del impuesto turístico en mejorar las depuradoras.

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