Al menos catorce barcos españoles han sido examinados por una empresa contratada por la Secretaría General de Pesca para comprobar «que la potencia real que desarrollan —sus motores— es acorde con lo dispuesto en sus licencias de pesca». Públicamente no ha trascendido nada del resultado de esas inspecciones, pero desde este 31 de marzo España prohibirá faenar a embarcaciones cuyos propulsores superen la potencia declarada oficialmente.
Es una de las medidas incluidas en la normativa española de ordenación de la flota pesquera. Un real decreto entre cuyas novedades figura la posibilidad de establecer un plan de verificación de la potencia en el que participarían los ministerios de Pesca y de Transportes, así como las comunidades autónomas. Incluiría, «cuando proceda, la verificación física» similar a la realizada hace un año. Se promovió cumpliendo el mandato de la Comisión Europea de examinar pesqueros en los que «hubiera indicios» de que su potencial real sobrepasa la que conste en los papeles.