El sector náutico balear no gana para sobresaltos. Tras varios ejercicios luchando contra la crisis y el aumento de la carga fiscal procedente de Madrid, ahora el enemigo parece estar en casa. El Govern tiene la intención de aprobar cuanto antes un decreto para proteger la posidonia marina y el sector recela de que sirva como pretexto para publicar una norma con nuevas medidas para regular y limitar los fondeos de embarcaciones de recreo en el litoral de las Islas.
La Conselleria de Medio Ambiente es la que está preparando el nuevo marco legal -por ahora sólo tienen un borrador- y la náutica recreativa lamenta que no haya sido consultada para consensuar el texto o realizar aportaciones. De hecho, el presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN), Gabriel Morell, ya mantuvo en septiembre una reunión con altos cargos del departamento dirigido por Vicenç Vidal, en la que le reconocieron que planeaban este cambio normativo aunque sin especificarle nada más. «Nos instaron a presentar alegaciones cuando se haga público, pero puede ser tarde», señala Morell.
Por ello, en las últimas semanas ha logrado unir en torno a los navegantes a siete asociaciones más, entre las que destacan los Clubes Náuticos, la patronal de puertos deportivos, los chárters o las empresas de actividades marítimas, para defender de manera conjunta «sus derechos», puesto que consideran que «una embarcación de 10 o 15 metros de eslora no hace ningún daño a la posidonia».
Hace unos 10 días representantes de todas estas patronales mantuvieron un encuentro -entre todas ellas abarcan a más de 25.000 usuarios- para acordar un mensaje común y decidir las acciones a tomar a partir de ahora, toda vez que las ya iniciadas han resultado infructuosas. Como los dos intentos frustrados de reunirse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, que todavía no ha atendido su petición.
Según Morell, «son otros, y no las anclas, los grandes enemigos de la posidonia y ello es de sobra conocido por quienes demonizan el fondeo». Así, las ocho asociaciones no admiten en absoluto que se responsabilice a las embarcaciones de recreo del supuesto deterioro de la posidonia y que desde la Administración se satanice el tradicional fondeo con ancla, como se viene haciendo, sin ningún fundamento por cuestiones meramente económicas o políticas.
Fruto de su desazón, se han propuesto actuar antes de que se llegue a publicar el decreto en el Boletín Oficial de las Islas (BOIB). Se plantean entrevistarse con cada uno de los grupos políticos con presencia en el Parlament para «hacerles partícipes» de sus preocupaciones y «pedirles ayuda». Consideran que la nueva norma podría afectar «de forma grave a todo el sector náutico al que representamos y, por supuesto, al turismo náutico, que ante según qué medidas, optará por otros destinos», vaticina Morell.
En esta línea, reitera que no se oponen «en modo alguno» a que se proteja la posidonia o las especies, sino que critican la demonización del sector, «cuando los verdaderos peligros que afectan a la posidonia no están en el fondeo con un ancla de un barco de pequeña eslora».
Y recuerdan que sólo una pequeña parte del litoral apto para fondeo está ocupada por posidonia, una planta que, si bien es cierto goza de especial protección, no está catalogada ni como vulnerable ni en peligro de extinción. Según demuestran las imágenes comparativas de los últimos 50 años, no ha sufrido regresión en aquellas zonas donde no se ve amenazada por situaciones como vertidos de aguas de depuradoras o procedentes de acuíferos cargados de nutrientes o desechos de materiales, entre otros.