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Agentes de medio ambiente: “Las calas están colapsadas y el mar abandonado a la vigilancia”

El mar es una selva. O así lo perciben los profesionales que este verano han podido comprobar las dificultades para adecuar su control al crecimiento exponencial del sector náutico. «En el mar el control de los barcos es muy difícil y en general está un poco abandonado a la vigilancia. Es caótico».

El operativo de protección de posidonia ha llevado a cabo 42.700 actuaciones este verano, el segundo en el que funciona este servicio. Un dato insuficiente para ecologistas y para los propios agentes de medio ambiente, quienes se quejan de que el grueso de las actuaciones se dejan a subcontratas -que precisan de los propios agentes de la comunidad para levantar actas- y que en toda la temporada ellos han podido únicamente hacerse a la mar «una o dos veces por semana, normalmente en fin de semana».

El resultado, denuncian, es la imposibilidad de cubrir unas áreas protegidas que han estado creciendo a la par que la presión humana. Mientras, la plantilla lleva casi 20 años (desde su creación por el primer Pacte de Progrés) sin prácticamente incrementar las plazas de personal.

Así lo denuncia Manolo Martínez, portavoz del Sindicato Profesional de Agentes de Medio Ambiente de UGT. El pasado mes remitieron una misiva al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, exponiéndole las carencias que sufre el servicio desde hace años y que el nuevo decreto de protección de la posidonia ha puesto aún más de relieve.

La mayoría de las embarcaciones con bandera extranjera que este verano han pasado por las Islas no están enteradas de la normativa, algo difícil cuando muchas de ellas -algunas verdaderos megayates cuyos fondeos ilegales han llenado las redes de sociales de las plataformas proteccionista en forma de fotodenuncias- ni siquiera pasan por puerto; fondean de un rincón a otro del litoral isleño y peninsular. «Pueden haber estado ahí fondeando toda una noche y cuando nos damos cuenta ya es tarde».

A su juicio, no bastaba con aprobar el decreto de protección; este debía complementarse con una habilitación de los «medios suficientes» a fin de que no quedara todo en papel mojado. El sindicato todavía no han recibido ninguna contestación oficial a la carta enviada al conseller, aunque sí es cierto que desde la conselleria se les ha prometido más embarcaciones.

Las dificultades para llevar a cabo un control efectivo no se limitan a los fondeos sobre posidonia: pesca furtiva, fondeos a escasos metros de la orilla de las playas… «Ves a los barcos navegando demasiado cerca de las costas, sobre todo en playas vírgenes como EsCaragol o Es Carbó, que están a tope. Hay un colapso absoluto».

Para Martínez, el problema tiene mala solución, porque «tampoco podemos minar de boyas las islas», pero incrementar medios personales y materiales de un servicio como el suyo, obligado a atender otras tareas (administrativas, vigilancia de especies protegidos en tierra, etc.), sería un comienzo. «Tiene que haber alguien que se dé cuenta de que esa necesidad existe, y existe desde hace tiempo».

Con todo, el problema viene de lejos y reconocen desde UGT que los actuales responsables de la conselleria han estado dando pasos para adecuar poco a poco los medios disponibles a las exigencias que plantea el aumento de la superficie protegida. Así, se les ha dotado de smartphones con GPS y cartografía del medio, se han adquirido nuevos coches y se han habilitado seis nuevas plazas, un gesto de agradecer para los propios agentes, a pesar de que se está todavía lejos de solventar el problema de la falta de personal, herencia de mucho antes de esta legislatura.

A juicio de los agentes, haría falta duplicar el personal existente a día de hoy, unos 60. Ponen como ejemplo otras comunidades como Murcia o Cataluña, con unidades marítimas propias -y no subcontratadas, como se quejan los agentes baleares- que les han ayudado a mejorar los controles sobre las extracciones furtivas de coral, por ejemplo.

Organizaciones ecologistas como el GOB, Salvem Portocolomo Terraferida también han estado haciendo hincapié en la necesidad de que los servicios de vigilancia no se limiten a informar y a ordenar el movimiento de las embarcaciones mal fondeadas, sino que dispongan de plena competencia sancionadora, algo reservado únicamente a las patrullas de la Guardia Civil, que también tienen sus propias limitaciones.

La falta de una cartografía adecuada -un elemento que el Consell Consultiu señalaba como imprescindible para la aprobación el decreto- ha sido también objeto de crítica. Desde el Centro Oceanográfico de Baleares (COB) se ofrecieron al Govern para elaborar esa cartografía pero no se cerró ningún acuerdo.

Estas mismas organizaciones ecologistas han denunciado igualmente los perjuicios para la posidonia que los constantes vertidos de fecales acaecidos este verano tienen sobre las praderas de posidonia. Unas quejas a las que se ha sumado el sector náutico, que esta misma semana reclamaba a la conselleria que informara sobre todos los expedientes abiertos por los vertidos, «el verdadero enemigo», subrayan éstos, para la salud de las praderas.

fuente http://www.elmundo.es/baleares/2018/09/16/5b9e1a17468aeb09228b4648.html

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