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MarViva denuncia al Estado costarricense por poner protección de especies marinas en manos de INCOPESCA

La Fundación MarViva presentó esta semana una demanda contra el Estado costarricense en la que solicitó la anulación del Decreto Ejecutivo Nº 42842-MINAE-MAG que designó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) como representante nacional ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

La demanda interpuesta por MarViva fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 1 de julio y se tramita bajo el expediente 21-04000-1027-CA.

El reclamo solicita quitar esta responsabilidad de manos del instituto, pues sostienen que la decisión “pone en riesgo a especies marinas protegidas o bajo estado de amenaza”, al tiempo que presenta “vicios graves que violan el ordenamiento jurídico costarricense y ser contrario a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)”.

El decreto designa a INCOPESCA como la autoridad administrativa nacional ante la CITES, con el cual se le transfirieron competencias para tramitar solicitudes de exportación de especies marinas vulnerables declaradas de interés pesquero.

Además, el decreto creó un Consejo Científico Técnico como autoridad científica, a cargo de elaborar los criterios técnicos sobre la viabilidad de autorizar el comercio internacional de especies marinas vulnerables protegidas por CITES. 

Para MarViva, este decreto violenta los principios de imparcialidad y objetividad pues otorgar a INCOPESCA la autoridad completa de tomar decisiones sobre el comercio de especies de vida silvestre declaradas como de interés pesquero y acuícola.

Esto va en contra de la misma Convención que recomienda que la autoridad administrativa y científica sean distintas, para así garantizar que las decisiones sobre el comercio internacional de especies de vida silvestre amenazadas se basen en la ciencia, y no solo en criterios meramente legales o atinentes a intereses económicos de ciertos sectores”, sostuvo la organización.

Otra presunta irregularidad que achaca MarViva es que aseguran que en la tramitación de este decreto se violentó el derecho a la participación efectiva del público interesado, según lo que establece el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, que exige conceder audiencia a las entidades representativas de intereses generales sobre los proyectos de decreto que pueden afectarles.

Por ello la Gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo Arce, señaló que:

La forma en la que las autoridades realizaron el proceso de consulta de este decreto es contraria a principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad, así como a los estándares internacionales de transparencia, inclusión y participación efectiva del público en la toma de decisiones ambientales. Por ejemplo, no es razonable someter a consulta un reglamento con incidencia directa en materia ambiental, en un periodo de tiempo en el que las organizaciones sociales, la academia y las organizaciones no gubernamentales se encontraban gozando del receso de cierre de año”. 

Para la Fundación, el decreto también violenta el principio de jerarquía normativa que implica que el Poder Ejecutivo no puede aprobar decretos que sean contrarios a las leyes, ya que aseguran que la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece que la Autoridad Administrativa CITES en nuestro país es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Además, sostienen que la Ley de Pesca y Acuicultura tampoco autoriza al INCOPESCA a ser designado como Autoridad Administrativa CITES.

Lograr la anulación de este decreto es apenas un primer paso para promover la protección y el manejo sostenible de especies marinas vulnerables, las cuales, aunque sean declaradas como de interés comercial, siguen siendo vida silvestre. Por ello, deben ser gestionadas por las autoridades con competencias en materia de conservación, en coordinación con los demás sectores e instituciones vinculadas a la gobernanza marina. Sin embargo, se necesitan acciones complementarias: Costa Rica, como líder en desarrollo sostenible a nivel mundial, no debe permitir la comercialización nacional ni internacional de ninguna especie de tiburón, que esté protegida por los apéndices CITES”, añadió Arroyo.

Los tiburones ballena, martillo, sedoso y zorro son algunas de las especies protegidas por la Convención CITES, cuyo objetivo es regular su comercio a nivel internacional para que este no comprometa su supervivencia.

Según la Fundación, algunas de estas especies ya presentan una reducción mayor al 70% en su población.

https://delfino.cr/2021/07/marviva-denuncia-al-estado-costarricense-por-poner-proteccion-de-especies-marinas-en-manos-de-incopesca

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