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Denuncian la “falta de ambición” ecológica de la nueva Ley de Pesca

Transcurrido más de un año desde la publicación del Anteproyecto de la Ley de Pesca Sostenible e investigación pesquera, acaba de iniciarse la recta final de las negociaciones en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados. Con tal motivo, varias organizaciones ambientales del Estado han instado a los diferentes grupos parlamentarios a que “aprovechen la oportunidad de aprobar las enmiendas que afianzan la conservación del ecosistema marino, un reparto justo de las oportunidades de pesca y una gobernanza participativa”.

“Las negociaciones de la ley de pesca en el Congreso entran en su recta final y los partidos están a tiempo de acordar una norma a la altura de los retos ambientales y pesqueros de nuestro tiempo”, según un comunicado emitido por las entidades ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

Estas organizaciones admiten que “esta ley es imprescindible y presenta avances con respecto a la ley de pesca de 2001, actualmente vigente”; sin embargo, la ley, “en su redacción actual, carece de algunas herramientas clave para su adecuada aplicación que permitan un cambio de rumbo de la pesca que asegure su sostenibilidad”. Por ello, el comunicado insta a aprovechar las enmiendas presentadas por los partidos que apoyan al Gobierno para mejorar su redacción.

Pesca en el Cantábrico

Pesca en el Cantábrico JUAN BECARÉS

“Aunque la ley incluye el enfoque ecosistémico, no prevé los mecanismos para aplicarlo adecuadamente, lo que le resta aplicabilidad e imposibilita una visión estratégica a largo plazo. En particular, no apuesta con claridad por la gestión de las pesquerías mediante planes de gestión que tengan en cuenta los ecosistemas y se puedan diseñar de manera participativa a escala local”, señalan las citadas entidades.

Una ley que no llega a la ambición de la Política Pesquera Común

Por otra parte, las organizaciones ambientales consideran “inaceptable” que, en plena crisis de pérdida de biodiversidad y emergencia climática, la ley sea menos ambiciosa en términos de conservación que la propia Política Pesquera Común (y reglamentos asociados) de la Unión Europea, de obligado cumplimiento y con casi una década de antigüedad.

“Por ello, es imprescindible que la ley establezca la obligación de no pescar por encima del rendimiento máximo sostenible o, en caso de no disponer de datos suficientes, garantizar que se aplica el principio de precaución. De la misma manera la ley debe asegurar que se minimicen, y en la medida de lo posible se eliminen las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas y tiburones”, reclaman los conservacionistas.

“En la ley se menciona el calentamiento global, pero no incluye un plan de descarbonización de la flota ni un plan de adaptación de la pesca al mismo. Además, lo que en el reglamento de pesca europeo son objetivos en esta ley se queda tan solo en principios generales”, afirma Juan Carlos Atienza, responsable del Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife.

Otra de las preocupaciones de las organizaciones ambientales es que el Proyecto de Ley apenas avance en una gestión más transparente y participativa, que reconozca la cogestión o “gestión local participativa” como mecanismo de demostrada eficacia en la gestión de pesquerías. “Algo incomprensible ya que España cuenta con alguno de los marcos de cogestión con mayor reconocimiento internacional”, recuerda Raúl García, coordinador de pesquerías de WWF.

Barco de pesca faenando

Barco de pesca faenando PIXABAY

“No es una varita mágica, pero ha demostrado que puede facilitar la transición ecológica justa de la pesca. El diseño de los planes de gestión de las pesquerías o el de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de manera participativa, incluyendo al sector, administraciones, comunidad científica y a las organizaciones ambientales, fomenta la cultura del cumplimiento, la corresponsabilidad de los actores y la toma de datos. Lo vemos por ejemplo, en la gestión exitosa del sonso en Catalunya o del Percebe en Asturias o en Reservas Marinas como en Os Miñarzos en A Coruña” recalca García.

Limitar derechos históricos

Por último, las organizaciones ambientales apuestan por limitar el peso de derechos históricos de pesca en el reparto al 50% en aras de aplicar también criterios ambientales y sociales en el reparto. A esto se oponen grandes empresas pesqueras, “que se han visto beneficiadas en el reparto en el pasado sin que se haya aplicado el artículo 17 de la Política Pesquera Común”. “Estamos convencidos que un diseño ambicioso de estos criterios incentivará una pesca más ambiental, más justa y más social”, afirma Àlex Bartolí, consultor en pesquerías.

“Queremos una pesca que respete y se entienda con la biodiversidad y los ecosistemas. El armador o armadora dispone de una licencia para extraer recursos marinos, pero ninguna empresa es propietaria de los hábitats marinos ni de la fauna que lo habitan. Los recursos del mar son bienes públicos, y han de gestionarse no solo para que sean rentables a corto plazo, también para que se conserven en el tiempo”, señala Cecilia del Castillo, responsable de pesca de Ecologistas en Acción.

En las negociaciones de la Ley en el Congreso, que entran en su recta final, los partidos están a tiempo de acordar una norma a la altura de los retos ambientales y pesqueros de nuestro tiempo. Las organizaciones ambientales llaman a la responsabilidad de las diputadas y diputados y les instan a acordar una ley del siglo XXI, capaz de dar respuesta a los retos ecológicos y sociales que enfrentamos apoyando las enmiendas que van en la línea de la conservación de los ecosistemas, el reparto justo de las oportunidades de pesca y la gobernanza participativa.

https://www.informacion.es/medio-ambiente/2022/11/22/denuncian-falta-ambicion-ecologica-nueva-78915919.html

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